En su decisión, la máxima instancia judicial ordenó la notificación formal de la fecha del antejuicio y de las medidas cautelares a Luisa Ortega; Tarek William Saab, el Defensor del Pueblo; y al diputado Pedro Carreño, quien interpuso la demanda contra la fiscal.
Para su solicitud, Carreño, legislador del Bloque de la Patria ante la Asamblea Nacional, se amparó en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, en la cual se establece que los integrantes del Consejo Moral Republicano serán removidos de sus cargos por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del TSJ en Sala Plena.
El diputado también tuvo en cuenta la Ley Orgánica del Ministerio Público, que estipula las faltas graves del fiscal general.
En los dos últimos meses, los pronunciamientos y acciones de la fiscal general contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro han agudizado la crisis política que enfrenta el país sudamericano, advirtieron representantes de organizaciones de abogados, de grupos de derechos humanos y autoridades de Venezuela.
También afirmaron que por su inacción frente a los hechos terroristas promovidos por la derecha desde abril, han muerto al menos 77 personas, más de mil 400 resultaron heridos y continúan las acciones vandálicas contra negocios privados e instituciones del Estado.
‘Es la titular de la acción penal y(…) se ha convertido en una verdadera líder de actos terroristas y del quebrantamiento jurídico en el país’, sentenció la víspera el Movimiento Nacional de Abogados Patriotas.
Tomado de Prensa Latina
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