Después de horas de agrias discusiones, con unos cuantos empujones, la posibilidad de juzgar a Temer como presidente fue rechazada por 263 diputados, frente a 227 que se pronunciaron a favor y dos abstenciones.
Ese voto no prejuzga de la inocencia de Temer, quien podrá ser juzgado por un tribunal ordinario cuando concluya su mandato a fines de 2018 o por el Supremo Tribunal Federal (STF), sin necesidad de la aprobación de la Cámara, en caso de que mantenga un cargo con fueros.
De tal forma, anunció que seguirá «adelante con las acciones necesarias para concluir el trabajo que este Gobierno comenzó» hasta el final de su mandato no electo, que concluye el 31 de diciembre de 2018.
Después de haber bloqueado el techo de gastos por 20 años y flexibilizado la legislación laboral, su mayor desafío ahora es la reforma de las jubilaciones, que requerirá de una mayoría cualificada de tres quintos en la Cámara y en el Senado, por tratarse de una reforma constitucional.
Para el diputado del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), Darcisio Perondi, la popularidad del presidente de facto es irrelevante.
«Un gobierno que hace reformas no es popular y Temer sale fortalecido», aseguró Perondi a AFP.
«Temer retomará la semana que viene las discusiones sobre la reforma de las jubilaciones (…) y va a estimular la reforma fiscal», adelantó a la agencia francesa.
La popularidad de Temer es de 5 por ciento, la peor desde el retorno de la democracia en 1985, según un reciente sondeo de Ibope. Un 81 por ciento de los brasileños apoyaba además que el mandatario fuese juzgado, de acuerdo con el mismo instituto.
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