Por Miguel Angel García Alzugaray/Razones de Cuba
Que la ultraderecha fascista latinoamericana, siempre servil y genuflexa ante sus amos de la Casa Blanca está dispuesta a utilizar cualquier medio para recuperar sus posiciones perdidas y eliminar del tablero político cuando no pueden hacerlo físicamente, a sus adversarios de los movimientos progresistas, es buena prueba la última artimaña judicial promovida contra la expresidenta argentina Cristina Fernández.
Según reportes de prensa la exmandataria argentina fue procesada este lunes por formar parte supuestamente de una asociación ilícita que cobraba sobornos a empresarios que ganaban contratos con el Estado en la causa conocida como los cuadernos de las coimas.
El juez Claudio Bonadio, una evidente réplica del magistrado Sergio Moro brasileño, ambos al servicio de la ultraderecha fascista en sus respectivos países, procesó y pidió prisión preventiva para la expresidenta y actual senadora como “jefa de una organización ilícita”, en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas K, un caso con ramificaciones en Uruguay. Junto a Cristina fueron procesados varios exfuncionarios kirchneristas y empresarios.
Cristina —quien suma con este su sexto procesamiento— seguirá en libertad por sus fueros como senadora.
A su vez, Bonadio le trabó a la expresidenta un embargo por $4.000.000.000 (un poco más de 100 millones de dólares) en el marco de su procesamiento.
Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque de senadores peronistas, anticipó su postura contraria a un desafuero mientras no haya una condena firme de la Corte Federal. La decisión quedará, entonces, en manos de la mayoría peronista, que deberá definir el futuro de la posible candidata presidencial.
“Leí la resolución y es un disparate jurídico. No hay ninguna prueba. Las declaraciones de los arrepentidos no valen nada. Esto no es un expediente, parece un guión de Netflix”, declaró al canal C5N Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner.
En un país gobernado por la derecha, la existencia de perseguidos políticos es una condición de posibilidad para sostener su forma de dominación. Detenciones que operan como dispositivos que buscan ordenar, domesticar, adormecer. Detenciones ejemplificadoras que pretenden anestesiar tanto dolor y trauma perpetrados por las oligarquías al servicio del imperio yanqui.
Una vieja estrategia de la ultraderecha
Hoy en día se habla con mucha frecuencia de la judicialización de la política, entendiendo por tales expresiones que la actuación de los jueces, o bien se interfiere en la actividad propia de los políticos, o bien la sustituye. ¿Puede ser ello posible en un verdadero Estado de derecho?
A veces se acusa de judicializar la política cuando se procesa a algún cargo público o a personas relacionadas con partidos políticos. En sí mismo, esto no es judicializar la política, si el juez cumple sus funciones con ética y equidad, apegados a la ley.
Naturalmente, si los motivos del encausamiento no son éstos, si los órganos judiciales actúan por causas no justificadas en razones jurídicas sino sólo en razones políticas, entonces podemos hablar de judicializar la política ya que el juez se extralimita en su función al invadir un campo en el que no es competente.
Dictar una sentencia presupone, en primer lugar, precisar los hechos que son relevantes para resolver un caso; en segundo lugar, valorar con objetividad las pruebas materiales y testificales aportadas por las partes, encontrar en el ordenamiento las normas aplicables; y, en tercer lugar, interpretar estas normas de acuerdo con unos métodos preestablecidos en el procedimiento correspondiente el juez no puede utilizar cualquier método para interpretar el significado de una norma sino sólo aquellos aceptados por la comunidad jurídica.
¿Pero qué es lo que ocurre en los países en que la ultraderecha llega al poder?. Estos principios sacrosantos de un Estado de Derecho son pisoteados burdamente por una mafia de jueces corruptos que mancillando la dignidad de su toga, venden hoy sus servicios al oro de Washington.
Sabido es que América Latina está transitando un proceso de reconfiguración de las estrategias de las derechas que nuevamente se hicieron de la dirección de los gobiernos en varios países tras el interregno de las experiencias populares y progresistas. En primer lugar, fueron los casos de Honduras (2009) y Paraguay (2012) a partir de los golpes de Estado contra Mel Zelaya y Fernando Lugo. Este despliegue se aceleró a partir de la victoria de Mauricio Macri (2015) y de sucesivas victorias electorales en la región, como así también apelando a la vieja y nunca desechada costumbre de interrupción de mandatos soberanos, como fue el caso de Dilma Rousseff en Brasil, donde un juicio político pretendió disfrazar la esencia golpista de la derecha brasilera.
El problema que enfrentan estos gobiernos actualmente es lograr mantener cierto consenso, pasible de ser traducido en gobernabilidad, para mantener las riendas de la política. Cosa nada sencilla sabiendo que, si hay algo que han logrado los gobiernos populares y progresistas desde Hugo Chávez en adelante fue construir una subjetividad posneoliberal con muchas debilidades, pero también con genuina fortaleza, donde ciertos derechos adquiridos operan como fronteras difíciles de traspasar por su carácter imprescriptible.
En efecto, dado que los modelos que proponen son exclusivos de sectores minoritarios, la intentona de hacer tabla rasa del pasado reciente es una maniobra que, en el corto plazo, puede funcionar.
De eso se trata. De socavar las posibilidades para parir nuevamente proyectos y expresiones políticas posneoliberales en América Latina.
Para ello debieron reconfigurar sus estrategias de acción e intervención, siendo la judicialización de la política una maniobra -para nada novedosa, cuya contracara es la persecución punitiva a la oposición y a los opositores progresistas.
Gracias a esta movida, en el Brasil del corrupto golpista Temer, se mantiene hoy injustamente en prisión al líder popular Ignacio Lula, mientras que en la Argentina del oligarca Macri nuevamente el FMI está en la Casa Rosada, y por un decreto –prerrogativa del Poder Ejecutivo que suplanta al Poder Legislativo utilizado con ardua frecuencia por el actual gobierno–, se propone reconfigurar el rol de las Fuerzas Armadas desdibujando los límites entre la Defensa y la Seguridad Interior a partir de viejas pero resucitadas doctrinas.
Podríamos pensar, como ejercicio comparado, lo que ha sucedido (y sucede) en Paraguay a partir de la modificación de la Ley de Defensa y Seguridad Interna que llevó a cabo Horacio Cartes en 2013. También el caso de Brasil, donde el ilegítimo gobierno de Michel Temer sacó a las Fuerzas Armadas a las calles sembrando mares de sangre en las favelas de Rio de Janeiro.
Los medios de comunicación oligárquicos son aliados de los jueces venales.
En esta nueva dinámica, los medios de comunicación al servicio de la ultraderecha instalan temas de investigación que luego son tomados por fiscales y jueces. Los propios magistrados han reconocido la influencia de la presión mediática a la hora de hacer su trabajo, porque se encuentran con una opinión pública ya predispuesta a asumir culpabilidades o inocencias que fueron moldeadas en los medios.
Los periodistas, ya sea manipulados o actuando conscientemente a favor del gran capital que paga generosamente sus servicios, muchas veces, no pueden evitar la tentación de erigirse en jueces y “condenan” o “absuelven” según las simpatías o antipatías políticas.
En la actualidad la región vive un reacomodo de la derecha y sectores conservadores aliados a Washington.
Persecución y politización de la justicia
Latinoamérica vive actualmente un momento de movilizaciones sociales, inestabilidad, judicialización de la política, gobiernos con problemas de legitimidad y un proceso de reordenamiento de la derecha.
Argentina y Brasil liderean este proceso bajo la bandera de una supuesta lucha contra la corrupción.
En entrevista para teleSUR, la periodista argentina Stella Calloni declaró que tanto en Argentina como en Brasil se está llevando adelante una persecución a líderes sociales (Cristina Fernández y Lula da Silva) con el objeto de impedir su llegada nuevamente al poder.
Calloni advirtió que la politización de la justicia en Argentina y Brasil no puede verse como casos aislados sino que obedecen a un plan orquestado y dirigido desde Estados Unidos.
La periodista argentina explicó que detrás de la politización de la justicia se encuentra Estados Unidos (EE.UU.) que a través de los programas de cooperación con los gobiernos de la región en materia judicial logró captar jueces para usarlos de acuerdo a sus intereses.
El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y el ex vicepresidente, Jorge Glas, también han denunciado ser víctimas de persecución al vincularlos con supuestos casos de corrupción durante su gestión.
La “colaboración” de EE.UU.
Las colaboraciones entre el Gobierno estadounidense y los poderes judiciales en América Latina han llevado a la judicialización de la política.
Casos como Lava Jato y Odebrecht, que llevaron a la destitución de la expresidenta Rousseff por sospechas de corrupción nunca confirmadas, ahora se reproducen en toda la región y parecen implicar única o particularmente a los líderes de Gobiernos progresistas.
Uno de los programas o colaboraciones es el Proyecto Puentes de 2009, el cual consistía en un curso de “formación” de personal de justicia en la lucha contra la corrupción auspiciado por Estados Unidos.
El curso consistía en el asesoramiento y entrenamiento para la aplicación de leyes y habilidades prácticas contra el terrorismo. A este asistieron jueces de los 26 estados brasileños, además de 50 policías de todo el país, incluidos participantes de México, Costa Rica, Panamá, Argentina, Uruguay y Paraguay.
El juez de la causa contra Lula da Silva, Sergio Moro es uno de los magistrados que participó activamente en el curso y según Calloni ahora es usado por EE.UU. para avanzar en esta práctica en Brasil.
Para Stella Calloni la lucha contra la corrupción emprendida en la región, particularmente Argentina, Brasil y Ecuador es una estrategia política que busca impedir que líderes de izquierda como Lula da Silva, Cristina Fernández o Rafael Correa retornen al poder.
Baste recordar que Dilma Rousseff fue destituida de su cargo el 31 de agosto de 2016, con 61 votos a favor y 20 en contra en el Senado.
El juicio político en contra de Rousseff estaba fundamentado en presuntas irregularidades fiscales utilizadas para maquillar las cuentas públicas.
Sin embargo, quienes votaron a favor de su destitución nunca discutieron el supuesto crimen de la mandataria y dedicaron sus discursos a condenar la corrupción.
Una lista publicada en 2017 por el Supremo Tribunal Federal (STF) señala que de los 61 senadores que votaron a favor de destituir a Rousseff, 27 han sido señalados por los tribunales por corrupción en el caso Odebrecht.
El pueblo brasileño y la comunidad internacional han sido testigo de las maniobras más parcializadas que ha originado la judicialización de la política en Latinoamérica.
Pero en el Brasil del corrupto Temer, un juez parcializado y venal como Sergio Moro, puede hoy pisotear las leyes impunemente siempre que sirva a los intereses de la derecha fascista y sus amos yanquis, y evidentemente, Sergio Moro es un agente de la reacción internacional encabezada por los EE.UU.
De acuerdo con el diplomático brasileño Samuel Pinheiro Guimarães, «Moro sabe cómo ganarse la aprobación de Washington».
Según se comenta en los ámbitos jurídicos brasileños, sus visitas a la embajada norteamericana en Brasil y contactos con funcionarios de la misma, son más que sospechosos por su frecuencia. Tanto más que algunos de éstos son tildados de ser agentes de la CIA.
Está claro que si Washington dispuso que Lula no puede volver a tomar el poder en Brasil, Sergio Moro cumplió sin dilación las órdenes de sus jefes de la Casa Blanca.
Lula es un preso político
Lula es un preso político de sectores del Poder Judicial brasileño”, dicta el boletín del Comité en Defensa de Lula.
“Lo que ocurrió en Curitiba es algo aterrador. La Lava Jato actúa como una típica organización criminal y Sergio Moro como un capitán caza esclavos”, denunció Damous, citado en el referido boletín.
La medida de encerrar a Lula deja clarividencia de una justicia parcializada, luego de que se le aplicara todo el peso de la ley a diferencia de lo ocurrido con el actual presidente de Brasil, Michel Temer, quien también fue acusado de corrupción, obstrucción de la justicia y estar a la cabeza de una organización criminal que manejaba sobornos, procesada por el fiscal general brasileño Rodrigo Janot.
Cumpliendo instrucciones directas del gobierno norteamericano, para garantizar la libertad de Temer y mantenerlo en el poder del gigante latinoamericano, el Congreso evitó que éste pudiera ser juzgado, tras el apoyo de 251 diputados contra 233 (la mayoría de los que votaron a favor del presidente enfrentan investigaciones por diversos delitos).
El interés de encarcelar a Lula inicialmente, ahora a Cristina Fernández, y de paso a Correa si es posible, y evitar que puedan los dos primeros presentarse como candidatos a las elecciones presidenciales, es una medida desesperada de la derecha, dado el apoyo alcanzado por estos líderes populares en sus respectivos países.
De esta manera, si en un Estado de derecho rige la presunción de inocencia, en un Estado de derecha lo que rige es la presunción de culpabilidad. Y eso es lo que están aplicando sobre los perseguidos políticos en estos países, violando el debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de igualdad ante la ley.
La judicialización de la política, dirigida desde un Poder Ejecutivo títere del imperio yanqui, es ejecutada desde el Poder Judicial, y los medios de información masiva: primero, construyen la condena mediática, luego procesan y dictan las prisiones preventivas (sin sustento alguno) y, lo que es más grave aún, prefabrican condenas.
Con una “Justicia” que tiene distintas varas y carente de toda imparcialidad; con fiscales y jueces que, con total liviandad, admiten su intervención en la política y a favor de mezquinos intereses; con políticos que condenan a los sin condena; con libertades arrebatadas al pueblo, no es difícil tener la certeza de que estamos en presencia de una nueva ofensiva promovida por el gobierno norteamericano para tratar de recuperar por esta vía las posiciones geopolíticas perdidas en América Latina.
Sin embargo, el tribunal de los pueblos latinoamericanos que nunca se equivoca en sus fallos, ya hace mucho que ha dictado sentencia condenando a estos jueces mercenarios y vendepatrias, así como a sus amos yanquis, a ser sepultados en el basurero de la historia.
Defendiendo la realidad cubana 