Al mismo tiempo, la televisora Panamericana afirmó que las autoridades policiales de la región de Madre de Dios, territorio amazónico fronterizo con Brasil y Bolivia, están en alerta máxima por la presunción de que Hinostroza intente fugar a Brasil.
Reporteros de televisoras limeñas acudieron en la mañana a la casa del exmagistrado y nadie respondía a la puerta y se había dejado desde ayer la luz encendida en una habitación, la que seguía igual por la mañana, como si hubiera sido dejada así para aparentar que había gente dentro.
Sin embargo, el abogado del defenestrado juez, Humberto Asmat, sostuvo a primera hora que anoche habló con su cliente y que este no ha salido del país.
El parlamentario progresista Oracio Pacori, quien fundamentó el 4 de octubre la denuncia contra Hinostroza para su juzgamiento por cargos como tráfico de influencias y encabezar una organización criminal, reveló que el expediente del proceso parlamentario no había sido enviado al Poder Judicial para el juicio contra Hinostroza.
El expediente es indispensable para que las autoridades judiciales inicien el juicio correspondiente y tomen medidas para asegurar la presencia del acusado en el proceso.
El presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, verificó la omisión, por la que hoy destituyó al oficial mayor, el director general y la jefa de asesoría del Congreso de la República.
Hinostroza escandalizó al país en julio pasado, cuando la prensa difundió grabaciones judiciales de conversaciones telefónicas en las que pactaba fallos a cambio de sobornos, intercambiaba favores y promovía a jueces y fiscales de su interés.
Los audios fueron grabados en una investigación a los abogados de una banda de narcotraficantes que tenían contactos con Hinostroza y permitieron descubrir una red judicial corrupta que tenía contactos con empresarios, congresistas y empresarios.
El Congreso, de mayoría neoliberal, intentó inicialmente aprobar solo cargos menores contra el juez, excluyendo el cargo agravante de formar parte de una organización criminal, pero la reacción gubernamental y ciudadana obligó al parlamento a aprobar la imputación.
Sin embargo, legisladores del mayoritario partido Fuerza Popular afirmaron hoy que la responsabilidad de una posible fuga corresponden a los servicios estatales de seguridad.
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