Defendiendo la realidad cubana

EE.UU. incluyó a Cuba en la lista negra de países que no colaboran con la lucha antiterrorista

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El anuncio del Departamento de Estado al Congreso se produjo el mismo día en que el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, en conferencia de prensa internacional, emplazó al Gobierno estadounidense por su silencio cómplice ante el ataque terrorista contra la Embajada de Cuba en esa nación.

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Foto: Granma

El Departamento de Estado notificó al Congreso de Estados Unidos, este 12 de mayo, que Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela y Cuba estaban certificados bajo la Sección 40A (a) de la Ley de Control de Exportación de Armas como «no cooperando completamente» con los esfuerzos antiterroristas de EE.UU en 2019.

En el sitio web oficial del Departamento de Estado consta la notificación, donde se aclara que este es la primera vez que se reincorpora a Cuba a la infame lista de la que había salido en 2015, tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones bajo el liderazgo de los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.

Lo que no incluye el anuncio es que se produce ¿coincidentemente? el mismo día en que el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en conferencia de prensa internacional, emplazó al Gobierno estadounidense por su silencio cómplice ante el ataque terrorista contra la Embajada de Cuba en esa nación, ocurrido en la madrugada del pasado 30 de abril.

La inclusión de Cuba en la lista negra de países que no colaboran con la lucha antiterrorista, significa que se le prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa y notifica a la comunidad pública e internacional de los Estados Unidos que estos países no están cooperando completamente con los esfuerzos antiterroristas de los Estados Unidos.

Con base en esa normativa, se prohíbe la venta o licencia para la exportación de artículos y servicios de defensa a Cuba y a los otros Estados incluidos en la lista negra estadounidense, donde se acusa a la Isla de no «apoyar los esfuerzos de Colombia para asegurar una paz, seguridad y oportunidad justa y duradera para su gente», señala el documento.

Se ignora a sabiendas que Cuba apoyó y auspició negociaciones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Gobierno con el objetivo de lograr un acuerdo de paz entre ambas partes.

También, menciona el Departamento de Estado entre sus acusaciones que Cuba alberga a varios prófugos de la justicia estadounidense, cuando ya dejó claro el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en una declaración publicada en abril de 2014 que ninguno de esos “fugitivos” ha sido acusado de terrorismo.

“A algunos de estos ciudadanos se les concedió asilo legítimamente, mientras que otros que cometieron delitos en los Estados Unidos, fueron debidamente juzgados y sancionados, y decidieron residir en Cuba tras el cumplimiento de sus sentencias”.

En aquella declaración, emitida cuando EE.UU aprobó por última vez la inclusión de Cuba en esa lista negra, el Minrex declaró:

Bruno Rodríguez: Ataque terrorista contra Embajada de Cuba es resultado de la política de odio del Gobierno norteamericano

«El Gobierno de Cuba ratifica que el territorio nacional nunca ha sido utilizado ni se usará para acoger a terroristas de ningún origen, ni para organizar, financiar o perpetrar actos de terrorismo contra ningún país del mundo, incluyendo los Estados Unidos. De igual forma, rechaza y condena inequívocamente todo acto de terrorismo, en cualquier lugar, circunstancia y cualesquiera que sean las motivaciones que se aleguen.

«Es el Gobierno de los Estados Unidos el que emplea el terrorismo de Estado como un arma contra países que se oponen a su dominación, utiliza métodos repudiables como la tortura y emplea tecnología militar avanzada, incluidos los aviones no tripulados, para ejecutar extrajudicialmente a supuestos terroristas, incluso ciudadanos estadounidenses, y han causado además numerosas muertes de inocentes entre la población civil»

LA SALIDA DE CUBA DE LA LISTA NEGRA EN 2015

Cuba debió esperar 33 años por el acto de justicia que se llevó a cabo en mayo de 2015, cuando el Departamento de Estado norteamericano oficializó la salida de nuestro país de la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional.

En 1982 el entonces presidente Ronald Reagan incluyó arbitrariamente a Cuba en ese listado unilateral por su apoyo a la causa revolucionaria en América Latina y el mundo.

En una nota publciada por nuestro diario en 2015, se declara que durante las últimas tres décadas no importó que el Estado cubano ratificara todas las convenciones y protocolos sobre esta materia que se han promovido por las Naciones Unidas, ni que propusiera al Gobierno de Estados Unidos cooperar en el enfrentamiento del terrorismo, ni que mostrara las pruebas de cómo Cuba ha sido víctima de centenares de ataques terroristas que han ocasionado la muerte de casi cuatro mil personas.

¿QUÉ SIGNIFICA VOLVER A SER INCLUIDO EN ESA SELECTIVA E INJUSTA LISTA ESTADOUNIDENSE?

En 2015, Granma publicaba el texto ¿Qué implica ser acusado de patrocinar el terrorismo? en el cual se especifica que ser miembro de la lista tiene varias implicaciones legales en cuanto a restricciones a las exportaciones, comercio, ayuda al desa­rrollo, créditos y otros.

Los bancos de terceros países son reacios a realizar las transacciones de los incluidos en la lista por temor a sanciones de Wa­shington. Recordemos, por ejemplo, que el año pasado el banco francés BNP Paribas pagó una mul­ta de más de ocho mil millones de dólares por realizar transacciones con Su­dan, Irán y Cuba.

En el caso cubano, casi todo el costo económico de estar en la lista queda subsumido por el bloqueo, pues nada de lo que prohíbe la lista es permitido por el resto de las sanciones. No obstante, la presencia injusta de Cuba en esta lista ha servido en los últimos años para intensificar la aplicación de las medidas financieras del bloqueo.

Eso ha derivado en un acoso y persecución a todas nuestras transacciones financieras en el mundo, expresada en la negativa de bancos a operar con Cuba y en la imposición de multas multimillonarias a estos, lo cual cons­tituye una aplicación extraterritorial de las regulaciones de Estados Unidos.

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